¿DE QUIÉN ES EL ESPACIO PÚBLICO?
-“¿A quién pertenece el espacio público?” Pregunta cualquiera.
- “A todos. Nos pertenece a todos.” Contesta la mayoría.
Alguien completó: “El estado debe administrarlo y debemos cuidarlo entre todos”.
Las ciudades de avanzada han reconocido esto y trabajan a diario en la mejora del espacio público, recuperándolo y priorizando a los peatones para que interactúen en él.
En nuestra ciudad, mucho se debate el concepto desde la esfera del urbanismo y algo menos desde los organismos políticos y administrativos.
ESPACIO PÚBLICO: DEL COUNTRY AL CENTRO DE LA CIUDAD.
El caso de los countries resonó en el último tiempo. Las barreras que los delimitan han sido sometidas a enérgicos juicios de compromiso urbano por desalentar la vida cotidiana en las calles y veredas que quedan contenidas entre aquellas. Se han propuesto desde la eliminación de estas barreras, hasta la transformación de la misma en lotes frentistas.
En tiempos de altos niveles de violencia, de inseguridad e impunidad; interesa preguntar cuál es la incidencia que tiene la calidad del espacio público (entendido éste a fines del texto como la resultante entre espacios privados) en la concreción de expresiones violentas.
Hoy se sabe que uno de los mecanismos más económicos que tienen las ciudades para mantener niveles de seguridad admisibles en una zona es lograr que la gente camine por ella. Cuando hay calidad de vida peatonal, los peligros disminuyen.
Sin embargo ocurre en un fenómeno similar de detrimento del espacio público al que el estado o la sociedad no cuestionan con tanta vehemencia. Zonas céntricas de nuestra ciudad donde la vida peatonal es ahuyentada con indolencia, muchas de ellas a escasas calles de Plaza Independencia.
Se tratan de hileras de inmuebles crónicamente deshabitados. Algunos paralizados desde que quien escribe habita esta tierra. Sus propietarios no parecen necesitar enajenar estos inmuebles para subsistir y son abandonados al letargo de la especulación inmobiliaria de quien no tiene nadie quien lo apure.
El efecto se puede comprobar en cuadras completas de la ciudad. Haga la prueba: Basta recorrer a pie la cuadra de 24 de septiembre entre Marco Avellaneda y Catamarca o la cuadra de Mendoza entre Rivadavia y Monteagudo; o la calle José Colombres entre Córdoba y Mendoza (sólo por citar algunos ejemplos) y observar detenidamente para comprobar que la calidad del espacio público de éstas cuadras es deficiente producto de hilvanar propiedades frentistas sin actividad una al lado de otra.
Cuando la esfera privada monopoliza y desactiva una cuadra completa: ¿le pertenece entonces el espacio público de estos sectores?
Distinto cuadro son las zonas de mono-actividad (zona bancaria, o la zona de la Quinta Agronómica, por ejemplo) donde luego de determinados horarios la dinámica peatonal se vuelve casi nula; Y distintas son las medidas que deben tomarse para mejorarlas. Aquí lo que se señala es el abandono crónico e intencional: si la consecución de decisiones privadas concretas repercute en la desvalorización del entorno circundante colectivo; ¿debe el estado accionar en su misión urbana? ¿Admite la ciudad una normativa que desaliente la especulación inmobiliaria prohibiendo la sola tenencia de inmuebles en determinadas zonas sin ponerlos en actividad?
Casos como regulación de manteros y puestos ilegales de la calle, la reciente “topadora” en la zona del bajo, etc. Ponen de relieve la urgencia de perfeccionar la gestión estatal del espacio público; ya que demuestran que el castigo entonces es siempre para quienes ocupan el espacio y no para quienes lo vacían a propósito.
Alguien me dijo que la obligación de sostener los impuestos de tales inmuebles es el costo que afrontan sus propietarios por mantenerlos inactivos. Esta afirmación tiene, por un lado, más que ver con lo administrativo/financiero que con lo urbano per sé. Y por otro, genera la sensación de ser insuficiente y paradójica: Es evidente que el cumplimiento de la premisa impositiva se sortea con facilidad por parte de los propietarios que sostienen ésta condición hace años. Desalientan no sólo la vida peatonal del resto que hace uso de estos sectores de la ciudad, sino también de potenciales nuevos usos que reactiven la zona.
El estado y su compromiso con el espacio público en términos de erradicar los usos indebidos del mismo debe reenfocarse hacia garantizar la vida peatonal de calidad de sus habitantes, accionando con rigor contra quienes deliberadamente obran a contrapelo de esta premisa.
